Estados Unidos: Las deportaciones a Haití ponen vidas en peligro

(Washington, D. C.) – Desde que puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití a finales de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a cientos de haitianos a su país, donde enfrentan amenazas contra su vida y seguridad, y reciben poco o ningún apoyo, señaló hoy Human Rights Watch. El Senado de Estados Unidos debería aprobar urgentemente el proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes, que restablecería el TPS para los haitianos. Según la Oficina Nacional de Migración de Haití (Office National de la Migration), más de 450 personas han sido deportadas de Estados Unidos a Haití desde julio. Muchas habían vivido en Estados Unidos durante años y fueron separadas de familiares que son ciudadanos estadounidenses, mientras que otras dijeron que tenían solicitudes de asilo pendientes en ese país. Funcionarios del gobierno haitiano dijeron a Human Rights Watch que las autoridades carecen de los recursos financieros, el personal y los marcos normativos necesarios para recibir y asistir de manera segura a las personas deportadas. “Estados Unidos está enviando a personas, algunas con solicitudes de asilo pendientes, a un país que no tiene capacidad para protegerlas de la violencia, y mucho menos para ayudarlas a encontrar comida y alojamiento”, dijo Nathalye Cotrino, investigadora sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno de Estados Unidos debería detener de inmediato estas deportaciones”. Los vuelos de deportación a Cabo Haitiano, una ciudad en la costa norte de Haití cuya población se ha triplicado en medio del aumento de la violencia criminal y el hambre en todo el país, han pasado de aproximadamente uno al mes a uno por semana. Actualmente, la ciudad es el único punto de entrada viable para estos vuelos, ya que los grupos criminales han hecho que el aeropuerto de la capital de Haití, Puerto Príncipe, no sea seguro. Human Rights Watch visitó Cabo Haitiano del 24 al 30 de agosto. Los investigadores entrevistaron a 44 personas haitianas deportadas que habían llegado en los dos primeros vuelos de deportación posteriores al fin del TPS, el 20 y el 27 de agosto, así como a funcionarios del gobierno haitiano y a representantes de organismos internacionales que participaron en su recepción. El 27 de agosto, Human Rights Watch estuvo en el aeropuerto cuando llegó el vuelo de deportación y documentó de primera mano el proceso de recepción. Los investigadores también revisaron información de los gobiernos de Estados Unidos y Haití, de agencias de las Naciones Unidas y de otras fuentes creíbles que dan seguimiento a las deportaciones. El TPS es un mecanismo previsto en la legislación estadounidense que el gobierno puede invocar para impedir las deportaciones a países que presentan condiciones particularmente peligrosas, hasta que dichas condiciones mejoren. Estados Unidos otorgó por primera vez el TPS a los haitianos en 2010, tras un devastador terremoto, y lo ha prorrogado en reiteradas ocasiones desde entonces ante el aumento de la violencia, la crisis humanitaria y los abusos generalizados contra los derechos humanos. En 2025, la administración de Trump tomó medidas para poner fin al TPS para los haitianos y, tras más de un año de litigio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 25 de junio de 2026 que la terminación podía proceder. El TPS para unos 330.000 haitianos terminó el 27 de julio. La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que huyeron de Haití debido a las prolongadas crisis de seguridad y humanitaria que atraviesa el país, las cuales no han hecho más que agravarse con el paso de los años. Algunos se fueron después del terremoto de 2010, pero la gran mayoría partió tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021 y la profundización de la violencia y la inestabilidad que siguieron. Muchos dijeron que habían vivido durante varios años en Estados Unidos, en estados como Florida, Nueva York, Indiana, Massachusetts, Ohio, Nueva Jersey y Pensilvania. Las personas entrevistadas habían trabajado en los sectores de la construcción, la atención médica, la industria manufacturera, la hotelería, la logística, el comercio minorista o la agricultura. Muchos habían formado familias de estatus migratorios mixtos, con hijos ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos. La mayoría dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) las había detenido antes de que el TPS terminara formalmente y nunca les explicó el motivo de su detención. La mayoría señaló que, mientras estaban protegidas por el TPS, también habían presentado solicitudes de asilo. Algunas dijeron que sus solicitudes aún estaban pendientes al momento de su deportación y que no pudieron comunicarse con sus abogados ni comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportadas. “No entiendo por qué”, dijo un hombre de 46 años que fue detenido una mañana cuando salía de su casa para ir a trabajar en Miami. “Trabajaba, pagaba impuestos, asistía a mis citas de inmigración y esperaba que resolvieran mi solicitud de asilo. Después me dijeron que tenía una orden de deportación. Nunca antes había oído hablar sobre de esa orden. Seguí pidiendo un abogado, pero nadie me ayudó”. A su llegada a Cabo Haitiano, las personas deportadas fueron recibidas en el aeropuerto por un pequeño equipo de la Oficina Nacional de Migración de Haití, que dirige el proceso de recepción junto con agentes de policía, personal de la Cruz Roja Haitiana y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los funcionarios las registraron en una estructura construida con varios contenedores de carga adaptados, ubicada junto a la pista de aterrizaje, con capacidad para unas 60 personas y 2 baños en el exterior, pero sin agua corriente. El registro consistió en verificar el nombre y la información de identificación de cada persona con el manifiesto de vuelo enviado por las autoridades estadounidenses, anotar su lugar de nacimiento y otros datos personales básicos, preguntarles sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y registrar la información que proporcionaban. A continuación, los funcionarios entregaron una comida sencilla, una bebida y al menos 10.000 gourdes haitianos (aproximadamente US$77) en ayuda en efectivo. También distribuyeron algunas de las pertenencias de las personas deportadas, que las autoridades estadounidenses habían enviado en bolsas, mientras que el personal de la Cruz Roja Haitiana les ofreció la posibilidad de llamar o enviar mensajes a sus seres queridos. Posteriormente, las personas deportadas fueron trasladados en autobús al Servicio Departamental de la Policía Judicial para un registro adicional. Salvo una asistencia limitada en casos urgentes, las autoridades haitianas y las agencias humanitarias no ofrecen alojamiento, atención médica, transporte, protección ni apoyo sostenido para la reintegración. Tras registrarse, las personas deportadas quedaron a su suerte, y muchas no sabían qué hacer ni adónde ir. Algunas regresaron a sus ciudades de origen, pero, debido a la situación de seguridad, muchos intentaron reunirse con familiares o amigos en otras partes del país. Algunas emprendieron el viaje ese mismo día, mientras que otras permanecieron durante días en Cabo Haitiano a la espera de recibir transferencias de dinero para hacer el viaje. “No puedo regresar a La Saline”, dijo un deportado del vuelo del 27 de agosto, refiriéndose a su barrio de Puerto Príncipe, donde vivía. “Los criminales siguen controlando el barrio. Me fui porque temía que me asesinaran, y ahora me han enviado de regreso al mismo peligro”. Al poner fin al TPS para los haitianos, la administración Trump afirmó que las condiciones en Haití habían mejorado lo suficiente como para que el país dejara de cumplir los requisitos legales para el TPS. Sin embargo, la propia evaluación del gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto la