El presidente Gustavo Petro generó un escenario sin precedentes en la historia política colombiana al firmar un decreto (n.º 639) el 11 de junio que convoca una consulta popular sobre su reforma laboral, pese a haber sido rechazada por el Senado. Esta estrategia ha sido calificada como un “decretazo” y desató un intenso debate jurídico y político.
¿Qué pregunta el decreto?
La consulta, programada para el 7 de agosto de 2025, incluye 12 preguntas que buscan ampliar derechos laborales, como:
- Jornada máxima de 8 horas.
- Pago del 100 % en días de descanso dominical o festivo.
- Formalización del trabajo en plataformas y protección para trabajadores informales, campesinos, personas con discapacidad, entre otros
¿Por qué es controversial?
El rechazo del Senado el 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor, impide legalmente convocar consultas nacionales sin su aval previo según el artículo 104 constitucional . Sin embargo, Petro argumenta que hubo vicios e irregularidades en la votación —como cierre prematuro del conteo y cambios de votación— lo que justificaría aplicar una “excepción de inconstitucionalidad”
Expertos como Luis Guillermo Guerrero, ex presidente de la Corte Constitucional, sostienen que saltarse el Senado por decreto representa una ruptura de la separación de poderes y podría ser un acto de autoritarismo o prevaricato .
Simultáneamente, la procuraduría y decenas de organizaciones civiles han advertido del riesgo institucional, al considerar que el decreto podría menoscabar los controles previstos por la Constitución.