Cuatro déficits complican las cuentas fiscales de Colombia

Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados. Colombia ha venido teniendo una discusión presupuestal compleja al menos desde 2024. Ese año estuvo marcado por una caída del recaudo tributario superior a cuatro puntos del PIB y por la polémica sobre si la regla fiscal se cumplió de forma artificial, incorporando esa caída como transacción de única vez. Desde allí, los presupuestos de 2025 y 2026 supusieron documentos en los que no se igualaron ingresos y gastos apropiados, por lo que su equilibrio quedó sujeto a leyes de financiamiento que no prosperaron. Esa es la ruta que nos lleva a 2027. Con el proyecto de PGN 2027 ocurrió algo sin precedentes, pues por primera vez en la historia coincidió una devolución del presupuesto con un cambio de gobierno. El Congreso decidió devolver el proyecto que había presentado inicialmente el gobierno Petro, por lo que el gobierno de Abelardo de la Espriella pudo reformularlo según sus propias prioridades. Ese suceso implicó, también por primera vez, la posibilidad de que un gobierno construyera su propio presupuesto, en su primer año de mandato. Con el nuevo proyecto, la administración entrante sostuvo que el anterior gobierno no sumó bien unas partidas, por lo que no presentó correctamente el tamaño del gasto. Así, se propuso presentar un presupuesto corregido y bautizó el ejercicio como el “Presupuesto de la Verdad”. Paralelamente, el nuevo presupuesto se hizo después del terremoto que azotó al país el 10 de agosto, y en solo 15 días, tiempo récord para hacer un presupuesto pero establecido por la ley, tuvo que ser presentado de nuevo al Congreso. Como parte del sinceramiento, el nuevo proyecto reconoció un monto adicional de $59,3 billones para gasto, frente a la cifra que había dejado Petro. Esto significó un aumento de $24,9 billones en funcionamiento, uno de $37,4 billones en deuda, y una reducción de $3 billones en inversión. Además, parte del ejercicio consistió en sumar las cuentas y mostrar un déficit inercial que, sin ajuste, sería de 9,4% del PIB en 2027, por lo que se introdujo la necesidad de recortar $45 billones del presupuesto de esa vigencia para llegar a un déficit menos negativo: 7,2% del PIB, que es aún muy alto en la región. En ese mismo contexto se habló de un recorte presupuestal para 2026 por 21,9 billones de pesos, como parte de las metas de austeridad del nuevo gobierno. En este marco, la discusión de los déficits alrededor del presupuesto colombiano admite al menos cuatro lecturas. Hay un déficit de acuerdo sobre cómo se hacen presupuestos en Colombia y sobre qué debería ser un presupuesto. Estamos en una democracia y no existe un consenso explícito al respecto. Sin embargo, existe una postura extendida según la cual, a partir del Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución, se deben garantizar una cantidad importante de derechos, y se piensa más en el gasto que en los ingresos necesarios para su financiamiento. Ese camino en otros países suele terminar en un desbalance entre ingresos y gastos que produce déficit. Así llegamos al presupuesto 2027, donde los ajustes los impone la realidad: por el lado de los ingresos, el peso que tendrían los recursos de capital (44,3%) se acercaría excepcionalmente al peso de los ingresos corrientes (47,1%). Esto quiere decir que para que el estado funcione en 2027 se va a requerir casi la misma cantidad de deuda que de ingresos propios. Por el lado del gasto, sin ajuste, el 24% de los gastos se destinaría al servicio de la deuda, con el consiguiente recorte efectivo en los demás sectores. Es la realidad que han vivido otros países que terminan en crisis presupuestales y de pago de la deuda pública: a medida que crece el servicio de la deuda, los demás sectores del PGN se reducen, hasta que en el momento de la cesación de pagos prácticamente no queda dinero para lo demás. La visión alternativa —mirar primero los ingresos y luego pensar en los gastos— conduce a una mayor sostenibilidad fiscal, pero puede generar tensiones, porque no ofrece garantías a una parte de la población que espera más políticas públicas en un país desigual. Ese déficit de acuerdo se ha expresado en la forma como dos gobiernos presentaron al Congreso, uno tras otro, presupuestos para 2027 con prioridades muy diferentes. El segundo déficit es el relativo a las demandas de mayor gasto público, siempre presentes entre los ministerios y los congresistas. El equilibrio de cualquier país supone que esos actores pidan más gasto para su cartera o su región, pues es natural que prioricen sus agendas. Pero este déficit de mirar cada uno desde su trinchera, sin preocuparse por el equilibrio general, nos ha llevado a ser uno de los países con mayor déficit fiscal y mayor pago de intereses, incluso comparables con Brasil. Hace diez años, compararnos con ese país servía para mostrar el desequilibrio fiscal y macroeconómico brasileño, mientras Colombia crecía a buenas tasas relativas a la región, encontraba deuda pública barata y tenía déficits semejantes a Perú y Chile. Hoy estamos más cerca de Brasil y Perú y Chile se ven como países aspiracionales para las cuentas fiscales de Colombia. Este tercer déficit se refiere a la ausencia de claridades y de comunicación por parte del nuevo gobierno. El gobierno empezó en medio de un terremoto y de la necesidad de hacer un presupuesto en 15 días, pero desde el comienzo anunció unos recortes necesarios para 2026 y una Ley Rescate Económico para 2027. Ya estamos a casi tres meses del inicio del gobierno y no conocemos los detalles ni de la ley, ni la totalidad de los recortes de 2026. Si bien el viernes 23 de octubre se conoció un primer recorte por $13,8 billones de pesos, esta cifra sigue estando lejos de las metas de 21,9 billones anunciadas por la administración. También hoy aún persiste una distancia entre ingresos y gastos presupuestales que hay que cerrar. Esto ha estado acompañado de una falta de comunicación con los medios y con sectores académicos, por ejemplo, frente a preguntas específicas sobre las tablas presentadas en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027. En particular, el presupuesto del gobierno de Abelardo de la Espriella supuso $60 billones más de gasto público, pero no hay claridad total sobre por qué la magnitud es $60 billones y no, por ejemplo, $43,8 billones. También, en medio de la situación compleja que es un terremoto, ha destacado la falta de información clara y precisa sobre el manejo de los recursos asociados a atender los efectos de esa emergencia. Tanto el Fondo Milagro, creado para la recepción y manejo de recursos destinados a la atención de los efectos del fenómeno natural, como la adición de $0,6 billones al presupuesto por calamidad pública han destacado por la falta de detalle y desagregación de su información hasta la fecha. El cuarto déficit es justamente lo que pasó en el Congreso en medio del debate del PGN 2027. Hubo un déficit de conciliación de textos entre Cámara y Senado que hizo que el texto del segundo debate se cayera porque los textos no eran iguales. Esto supuso la salida del ministro del Interior y de personal del Ministerio de Hacienda, pero también deja una especie de manto de duda sobre la posibilidad que tiene el ejecutivo para llevar adelante la Ley de Rescate Económico para 2027 y las demás negociaciones posibles. A este nivel, ojalá este sea el momento de reflexión para el cual las fuerzas políticas del país y del Ejecutivo —dado un gobierno que no tiene bancadas amplias— se acerquen a los sectores afines y logren negociar todo lo que haya que hacer por el bien del país. No debería volvernos a pasar que una ley tan importante, en un contexto como el que tenemos, se termine cayendo por vicios de trámite. Finalmente, el presupuesto decretado básicamente mantiene el monto inicial, con cambios relativamente pequeños en los rubros de inversión (+1,2 billones) y funcionamiento (-1,2 billones).