Denuncian acoso y amenazas contra una menor en Uribe, Meta, por parte de un contratista que decía pertenecer a las disidencias de las FARC

Saltar al contenido Sin resultados SÍGUENOS Suscríbete Notify Suscríbete a nuestro boletín informativo Bienvenido a nuestro Centro de Suscripción al Boletín Informativo. Regístrate en el formulario a continuación para recibir las últimas noticias y novedades de El Cuarto Mosquetero. Nombres Apellidos Email En Uribe, Meta, una menor de 15 años denuncia que sufre acoso y amenazas atribuidas a las disidencias de las FARC por parte de un contratista de obra. Jóvenes del municipio hicieron un escrache que fue censurado. Una menor de 15 años venía siendo víctima de acoso sexual y constantes insinuaciones presuntamente por parte de Ramón Elías, un hombre de entre 60 y 70 años, interventor del consorcio Conexión Orinoquía, en el municipio de Uribe, en el sur del departamento del Meta. Ante el rechazo de la joven, la situación escaló a intimidaciones y cartas de amenaza dejadas por debajo de la puerta del domicilio de la víctima. En los escritos manuscritos en hojas milimetradas, el hombre no solo le exigía mantener silencio, sino que utilizaba el contexto del conflicto armado para infundir temor, atribuyéndose la pertenencia a las disidencias de las FARC-EP (frente Jorge Suárez Briceño). Pese a la gravedad de los hechos, cuando la madre acudió inicialmente a la Inspección de Policía de Uribe para radicar la denuncia y exigir la activación de la ruta de atención integral, la respuesta de los funcionarios subestimar la denuncia: «argumentaron que con esas pruebas era poco probable que se pudiera hacer algo y que tenia que haber flagrancia», dice una mujer del municipio a quien se le resguarda la identidad por seguridad. La respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y niñas ha vuelto a dejar al descubierto una brecha entre la norma y la realidad. La Ruta de Atención Integral para estos casos debe iniciar con la recepción de la denuncia y la atención inicial en entidades como Salud, Comisaría de Familia, Policía o Fiscalía. Posteriormente, se debe dar paso a la activación inmediata de medidas de protección para la víctima, que incluyen medidas cautelares de resguardo, remisión prioritaria ante la Fiscalía y valoración médica y psicológica integral, para finalmente culminar en la fase de investigación y judicialización, donde se recolectan y custodian las evidencias del delito. Sin embargo, la comunidad afirma que únicamente se ha visto la visita de una trabajadora social esta mañana para tomar fotos del caso y hacer un informe, sin que se hayan activado de manera efectiva las demás garantías de protección y judicialización oportuna que exige el protocolo. Foto: equipo de El Cuarto Mosquetero. El escrache como mecanismo legítimo de autoprotección Ante la falta de respuesta de las autoridades y la desprotección, un grupo de jóvenes del municipio recurrieron al escrache (denuncia pública): instalaron una cartelera con las imágenes de las cartas amenazantes y la fotografía del presunto acosador en espacios públicos del pueblo como en las esquinas cerca a la Alcaldía municipal, en cafeterías, restaurantes y papelerías. La reacción de la Policía Nacional, según denuncian, no fue acudir en auxilio de la menor o para garantizar sus derechos e investigar, sino para retirar las carteleras argumentando que se estaba sometiendo al «escarnio público a un ingeniero». Posteriormente, según la comunidad, las autoridades procedieron a trasladar y sacar al sujeto del municipio amparándose en que se encontraba en una «situación de peligro», priorizando la seguridad del presunto agresor por encima de la integridad física y mental de la menor y su familia. La actuación policial estaría desconociendo de manera directa la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia como la Sentencia T-275 de 2021, la cual ha establecido que el escrache es una forma legítima de libertad de expresión y denuncia pública. Allí se protege el derecho de las víctimas de violencia basada en género -VBG- a romper el silencio, especialmente cuando los canales institucionales han fallado o han sido negligentes como se denuncia en este caso. Según la Corte Constitucional “el derecho al buen nombre no puede convertirse en un escudo para silenciar a las víctimas”, dejando claro que la protección de los derechos e integridad de las niñas y adolescentes siempre está por encima del prestigio o la comodidad de un presunto agresor. La retirada de las carteleras por parte de agentes de la Policía constituye un acto de censura injustificado ante una manifestación pública de denuncia comunitaria. Una de las cartas enviada por el presunto victimario. Foto: cortesía de la comunidad. En casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes o VBG, la norma colombiana como la Ley 1257 de 2008, Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, dicta que la ruta debe operar bajo los principios de celeridad, no revictimización y debida diligencia. El Cuarto Mosquetero se comunicó con la gestora social del municipio de Uribe, para indagar sobre la respuesta institucional y el acompañamiento a la víctima y a su familia por parte de la Alcaldía, y su respuesta fue que Ruta de Atención Integral si se activó, el caso se trasladó a la Fiscalía y que esta entidad se está encargando de todo el procedimiento. La denuncia penal formal por el delito de Amenazas fue recepcionada el 14 de octubre de 2026. Habitantes de la comunidad expresaron que transcurrieron 13 días desde que se radicó la acción en la SIJIN para que la información fuera cargada de forma efectiva al sistema de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, la familia radicó la queja ante el consorcio Conexión Orinoquía, empleador del presunto victimario, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas sancionatorias ni pronunciamientos públicos al respecto. Lea también: Familia de adolescente que denuncia violencia sexual contra concejal de Villavicencio pide garantías y justicia Entradas relacionadas Laura Isabel Ramos, la bióloga que encontró en la poesía otra forma de habitar la naturaleza 23 de septiembre de 2026 Familia de adolescente que denuncia violencia sexual contra concejal de Villavicencio pide garantías y justicia 4 de septiembre de 2026 1 comentario Una noche en Becerril, el feminicidio de Sayuris Nayleth y el peso de decir “no” 27 de agosto de 2026 ¡Escríbenos!