ELN en Venezuela: el bombardeo en Apure con drones de Estados Unidos que cambia la seguridad de Colombia

Según The New York Times, Estados Unidos ayudó a Venezuela en un ataque letal contra el ELN. Crédito: Yamith Mariño, CAMBIO (fotoilustración). Con Maduro preso y Delcy Rodríguez aliada de Trump, Venezuela dejó de ser un santuario para el ELN. El bombardeo en Apure abre un escenario nuevo para Colombia: más presión sobre la guerrilla, pero también el riesgo de que intensifique su ofensiva de este lado de la frontera. La noticia más importante para Colombia en materia de seguridad acaba de producirse en Venezuela. El país que durante años sirvió de refugio y retaguardia estratégica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio luz verde ahora a una operación militar contra esa guerrilla en su propio territorio, con apoyo de inteligencia y tecnología de Estados Unidos. El cambio es de enormes proporciones. El viernes 30 de octubre fue bombardeado un campamento del ELN en el estado Apure, cerca de la frontera con Colombia. Según una investigación publicada por The New York Times, la operación contó con apoyo de inteligencia y drones estadounidenses, de acuerdo con cuatro funcionarios de ese país que hablaron bajo condición de anonimato. El ataque habría dejado al menos 23 muertos, según el balance de la organización venezolana de derechos humanos FundaRedes, una cifra que el diario estadounidense no ha verificado de manera independiente. Un alto oficial militar venezolano le confirmó al periódico que las Fuerzas Armadas de su país ejecutaron el ataque, aunque, según el mismo medio, ese oficial no había sido informado sobre el papel de Estados Unidos. Hasta la publicación de este artículo, ni Washington ni Caracas habían reconocido públicamente la operación conjunta. La importancia de lo ocurrido va mucho más allá de un bombardeo. Durante décadas, el ELN encontró en Venezuela un espacio para refugiarse de la presión militar colombiana, establecer campamentos, desarrollar economías ilegales y mantener sus estructuras de mando. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese territorio podría convertirse también en un frente de persecución. Hasta la madrugada del 3 de enero de este año, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas, la relación entre el chavismo y las organizaciones armadas de Colombia había sido uno de los factores más delicados de la seguridad regional. Hubo gobiernos como los de Uribe, Santos y Duque que tuvieron momentos de tensión con el Palacio de Miraflores por esa relación. La salida de Maduro, sin embargo, en un principio no significó la desaparición del aparato político y militar que lo sostenía. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y buena parte de la estructura de poder venezolana permaneció en manos de antiguos funcionarios del chavismo. Pero la relación con Washington cambió de manera radical. La administración Trump pasó de confrontar al Gobierno venezolano a establecer una relación de cooperación con las autoridades interinas, en un proceso que incluye acuerdos económicos, petróleo y seguridad. “Quizás algún día, pronto, Venezuela se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo. Hagamos que sea el estado número 51. Y en lugar de un presidente, tendríamos una elección para elegir un gobernador. ¿Qué les parece?”, preguntó hace unos días Trump en un discurso de campaña. El ataque contra el ELN en Apure es una manifestación especialmente significativa de ese nuevo escenario. La presencia de esta guerrilla en Venezuela no es una hipótesis ni una denuncia aislada. InSight Crime, un centro de investigación y análisis sobre el crimen organizado en América Latina, documentó su expansión a ocho estados venezolanos, principalmente Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, pero también en regiones más alejadas de la frontera. Según esa organización, el ELN se involucra en narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Además, desarrolló una relación con la cúpula del chavismo que le permitió actuar como una fuerza armada con influencia territorial y capacidad para proteger determinados intereses del régimen. Los informes citados por InSight Crime calculan alrededor de 1.200 integrantes del ELN en Venezuela. Una cifra enorme comparada con el total de la organización que se estima en 6.000 miembros. La Agencia de Asilo de la Unión Europea, en un informe publicado en el mes de julio, también señala que la mayoría de los comandantes y combatientes del ELN se encontrarían refugiados en territorio venezolano. Para las autoridades colombianas, hasta hace muy poco, la mayoría de los integrantes del COCE (Comando Central) del ELN permanecían en Venezuela, incluido su máximo comandante, Antonio García. No se trata, por tanto, de una guerrilla que simplemente cruza ocasionalmente la frontera. Es una organización binacional que construyó redes de movilidad, financiación, protección y control territorial a ambos lados de ella. El ELN no es la única organización alzada en armas que encontró refugio en Venezuela. La Segunda Marquetalia, la disidencia de las antiguas Farc encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez, también mantiene presencia en ese país. InSight Crime documentó sus vínculos históricos con sectores del poder venezolano y su utilización del territorio como retaguardia. En septiembre, el comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez, afirmó que tanto Iván Márquez como los principales jefes del ELN se encontraban en Venezuela. Durante años también circularon versiones según las cuales Iván Márquez habría sido protegido en Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más importantes de Caracas. En Colombia, en cambio, el ELN y la Segunda Marquetalia mantienen una abierta y sangrienta confrontación. La presencia de ambos grupos, sin embargo, revela hasta qué punto Venezuela se convirtió en una retaguardia para organizaciones armadas que operan en Colombia. Según InSight Crime, llegaron a servir como escudos para proteger al chavismo. Hoy poco se sabe de Iván Márquez. Se convirtió en un fantasma. Para entender por qué el cambio de actitud de Venezuela puede tener consecuencias tan profundas para Colombia, hay que volver la mirada a enero de 2025 y a la tragedia humanitaria del Catatumbo. El 16 de enero de ese año comenzó una ofensiva del ELN contra las disidencias del Frente 33 de las Farc en Norte de Santander. La violencia se extendió por municipios como Tibú, Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí. Lo que comenzó como una disputa por el control territorial terminó convirtiéndose en una de las mayores emergencias humanitarias de las últimas décadas en el país. La ofensiva estuvo acompañada de asesinatos selectivos, amenazas, ataques contra civiles, desplazamientos forzados, confinamientos y persecución de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La Defensoría del Pueblo registró 117 personas asesinadas y 64.783 desplazadas entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025. También documentó más de 16.000 personas confinadas durante la emergencia. Hubo, por ejemplo, movilización de grupos guerrilleros que iban hasta las casas de los firmantes de paz, los sacaban y los fusilaban delante de sus familiares. La dimensión del desastre se hizo aún más evidente en el balance posterior de Naciones Unidas: durante 2025, 89.013 personas fueron desplazadas en la región y se registraron 166 homicidios selectivos, además de al menos ocho masacres. Detrás de estas cifras hay familias que abandonaron sus viviendas, campesinos que perdieron sus tierras, niños que dejaron de asistir a la escuela y comunidades enteras sometidas al miedo. El ELN no solo combatió a sus adversarios armados. Utilizó la violencia para imponer su autoridad sobre la población, controlar los corredores estratégicos y consolidar su dominio sobre las economías ilegales. Cuando el Ejército Nacional llegó para retomar el control, el ELN se replegó al otro lado de la frontera.