El drama de ser migrante y querer abortar en Estados Unidos: entrevista con Megan Jeyifo

Una mujer migrante en Estados Unidos llamó a la línea de ayuda del Chicago Abortion Fund (CAF) para pedir apoyo para acceder a un aborto. “Necesito abortar. Mi esposo fue deportado, tengo dos hijos pequeños, ahora mismo no estamos bien económicamente y no puedo permitirme tener otro bebé”, le contó a El Espectador Megan Jeyifo, directora ejecutiva de la organización. Su caso muestra cómo las barreras para acceder al aborto en Estados Unidos pueden agravarse cuando se cruzan con la situación migratoria, la separación familiar y la incertidumbre… Su caso muestra cómo las barreras para acceder al aborto en Estados Unidos pueden agravarse cuando se cruzan con la situación migratoria, la separación familiar y la incertidumbre económica. Para algunas personas, además, el temor a ser detenidas o a encontrarse con agentes migratorios durante el trayecto hacia una clínica se suma a los obstáculos para acceder al procedimiento. El Chicago Abortion Fund es una organización que desde hace cuatro décadas brinda apoyo a personas que buscan acceder a un aborto. El fondo ofrece asistencia económica para cubrir gastos como transporte, viajes entre estados, alojamiento, medicamentos y citas médicas, especialmente cuando las restricciones locales las obligan a desplazarse. (Lea aquí: Anticonceptivos para hombres: la OMS busca que planificar no sea solo tarea de las mujeres) “Somos el fondo independiente para el aborto más grande del país. Desde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 que eliminó la protección constitucional del derecho al aborto y dejó en manos de cada estado la posibilidad de restringirlo o prohibirlo, hemos ayudado a más de 60.000 personas a acceder a servicios de aborto. En los últimos cuatro años, hemos distribuido más de USD 25 millones en ayudas económicas directas”, afirmó Jeyifo. Cuando una persona busca ayuda del CAF, puede llamar a su línea telefónica de emergencia o completar un formulario. Después, recibe una evaluación y se le asigna un gestor de caso de acuerdo con sus necesidades y los recursos que requiere. “Uno de nuestros gestores de caso se pone en contacto con ellas y comienza preguntándoles qué necesitan, acompañándolas para identificar cómo llevarlas del punto A al punto B”, explicó. Illinois permite el aborto y cuenta con protecciones legales para quienes buscan acceder al procedimiento.Sin embargo, alrededor del 80 % de las llamadas que recibe el CAF, según Jeyifo, proviene de personas que residen fuera del estado, incluidos algunos donde el aborto está prohibido o sujeto a fuertes restricciones. Actualmente, 13 estados de Estados Unidos prohíben el aborto casi por completo y otros siete establecen límites gestacionales de entre seis y 12 semanas. En total, 20 estados tienen prohibiciones o restricciones muy tempranas para acceder al procedimiento, mientras que otros permiten el aborto hasta etapas más avanzadas del embarazo o no establecen un límite gestacional específico. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se han sumado nuevas barreras al acceso de servicios sexuales y reproductivos.. En enero de 2025, Trump revocó medidas de la administración Biden que facilitaban los viajes de pacientes para acceder a un aborto y el Pentágono retiró los reembolsos para militares y sus familias que necesitaran desplazarse para acceder a servicios reproductivos no cubiertos, entre ellos la IVE.. A esto se suma la revisión que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mantiene abierta sobre la mifepristona, una de las píldoras más utilizadas para el aborto con medicamentos en el país. mientras que Planned Parenthood enfrentó recortes a fondos federales y, posteriormente, medidas que excluyeron temporalmente a sus afiliadas de ciertos reembolsos de Medicaid. Este panorama ha llevado a miles de personas a desplazarse entre estados para acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Illinois se ha convertido en uno de los principales destinos para quienes viven en estados con mayores restricciones. Según el Instituto Guttmacher, en 2025 recibió alrededor de 32.490 de personas provenientes de otros estados, cerca del 23 % de quienes cruzaron las fronteras estatales para abortar ese año. Jeyifo explicó que en una reunión reciente analizaron el caso de las 142.000 personas que, según sus datos, tuvieron que desplazarse dentro de Estados Unidos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo durante el último año. Para la directora del CAF, la cifra muestra la magnitud de una población que no siempre cuenta con acompañamiento, apoyo organizado, atención suficiente y un contexto restrictivo frente a los derechos sexuales y reproductivos, situaciones que también pueden tener consecuencias emocionales. El CAF está en contacto directo con quienes buscan acceder a un aborto y, a través de esas llamadas, conoce cómo las restricciones han afectado sus vidas. Jeyifo asegura que muchas llegan con miedo a ser criminalizadas o denunciadas, incluso por personas de su entorno o por profesionales de la salud. “Las personas están muy preocupadas por volver a casa y que alguien de su comunidad, o incluso un médico, las vaya a denunciar y sean penalizadas. Y en este país ese es un miedo realmente válido. Las personas son penalizadas con bastante regularidad por situaciones relacionadas con el embarazo en Estados Unidos. Creo que ese es uno de los cambios más grandes. Los costos son enormes y también lo son el estigma y la vergüenza, y esa sensación de que estás haciendo algo mal porque tu aborto es tan difícil de conseguir”, afirmó. “Es importante decirles: tu decisión de abortar no es un juicio moral sobre ti. El aborto es común, salva vidas, afirma la vida y es un componente importante del espectro de la salud reproductiva”, añadió la directora. El contexto migratorio ha añadido otra dimensión a estas barreras. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el aumento de las detenciones y deportaciones y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado, según Jeyifo, temor entre algunas personas que necesitan desplazarse hasta una clínica. (Le puede interesar: ICE perdió la cuenta de las mujeres bajo custodia que han sufrido abortos espontáneos) Una encuesta realizada en marzo de este año por BabyCenter, que encuestó a más de 500 mujeres embarazadas en el país, encontró que una de cada cinco afirmó que las recientes operaciones de ICE las habían disuadido de buscar atención prenatal. El temor también puede afectar a mujeres inmigrantes hispanas, quienes enfrentan barreras como las dificultades de idioma, la preocupación por su estatus migratorio y el desconocimiento del sistema de salud estadounidense. Jeyifo recuerda el caso de una mujer venezolana que llegó caminando a Texas con sus tres hijos mientras estaba embarazada. Posteriormente fue trasladada por las autoridades migratorias en un autobús hasta Illinois, sin conocer el lugar al que la estaban llevando. Una vez allí, lo primero que hizo fue pedir una cita para abortar. “En Illinois, aunque había sido terrible que la enviaran aquí contra su voluntad, sin saber siquiera dónde estaba, pudimos garantizarle el aborto que quería. Texas la habría obligado a continuar con el embarazo y después la habría deportado”, cuenta Jeyifo. La mujer también recibió apoyo para el cuidado de sus hijos. Durante la pandemia, cuando los niños estudiaban desde casa, Jeyifo incluso los cuidó junto con los suyos. “Fue una especie de rayo de luz dentro de una situación terrible. Estaba muy feliz de poder abortar. Había quedado traumatizada por lo que había ocurrido, pero al menos no iba a ser obligada a continuar con un embarazo que no quería”. Si bien Roe v. Wade fue revocado por la Corte Suprema en 2022, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, Jeyifo asegura que el nuevo contexto migratorio ha hecho que algunas personas tengan aún más temor de desplazarse hasta las clínicas.