Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos examina aranceles por trabajo forzoso aplicados a 60 socios comerciales

La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos examinó este miércoles los fundamentos legales y fácticos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a casi todas las importaciones del país, bajo el argumento de que varios socios comerciales no han hecho lo suficiente para frenar el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. Un panel de tres jueces escuchó en Manhattan los argumentos de las demandas que cuestionan la medida. Los demandantes sostienen que los gravámenes buscan restablecer una autoridad arancelaria amplia que la Corte Suprema de Estados Unidos limitó en febrero, cuando concluyó que el presidente no podía usar poderes económicos de emergencia para imponer tarifas de manera unilateral a todos los socios comerciales. Las demandas fueron presentadas por cuatro pequeñas empresas y 25 estados gobernados por demócratas. Según los demandantes, los aranceles aplicados a importaciones de 60 socios comerciales, incluidos la Unión Europea, China y Colombia, esta última sujeta a la tarifa de 12,5%, exceden la autoridad presidencial y no cumplen con los requisitos legales exigidos para justificar medidas de este alcance. Pratik Shah, abogado de dos de las pequeñas empresas demandantes, afirmó ante el tribunal que la administración Trump utilizó de forma inadecuada la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que, según su argumento, otorga una autoridad arancelaria acotada. Según su argumento, el Gobierno impuso los gravámenes sin realizar hallazgos específicos por país que demostraran por qué cada tarifa estaba justificada frente a presuntas fallas en la prevención del trabajo forzoso. Shah contrastó esta medida con los aranceles impuestos bajo la misma norma durante el primer mandato de Trump, cuando la USTR elaboró informes y tarifas específicos para cada economía. En representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ), Eric Hamilton sostuvo que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR) evaluó de forma suficiente la presencia de bienes producidos con trabajo forzoso en el comercio internacional. El abogado del Gobierno afirmó que la administración no estaba obligada a demostrar con certeza absoluta que esa práctica representaba una carga para el comercio estadounidense antes de imponer los aranceles. Durante la audiencia, los jueces formularon preguntas a ambas partes sobre el nivel de detalle que debía contener la investigación oficial. También consultaron si los demandantes buscaban únicamente una justificación documental más extensa y si el Gobierno había recurrido a una autoridad comercial amplia en lugar de aplicar disposiciones más específicas sobre trabajo forzoso. El tribunal emitirá una decisión por escrito en las próximas semanas. Los demandantes pidieron anular por completo los aranceles, aunque la corte también podría adoptar una decisión más limitada y ordenar al Gobierno rehacer o ampliar su investigación para presentar mayores detalles y justificaciones sobre las tarifas, que entraron en vigor el 24 de julio y oscilan entre 10% y 12,5%. EE.UU. y sus socios acuerdan una respuesta coordinada al exceso de capacidad del acero El Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero aprobó el 30 de septiembre en Milwaukee un marco de acción conjunta para abordar las distorsiones que afectan a esta industria. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR), el acuerdo fue alcanzado durante una reunión presidida por Jamieson Greer y busca coordinar respuestas frente a un problema que repercute en la producción, el comercio y el empleo. Greer defendió la combinación de aranceles, acuerdos comerciales, tratamiento tributario y política energética aplicada por la administración Trump, a la que atribuyó una recuperación de la industria estadounidense. También invitó a otros miembros del foro a adoptar políticas similares. Esa posición expresa el enfoque de Washington; el marco acordado contempla que cada país actúe de acuerdo con sus circunstancias y legislación. El problema de fondo es que la capacidad mundial para fabricar acero crece más rápido que la demanda. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el exceso de capacidad podría alcanzar 745 millones de toneladas en 2028. No se trata de acero ya producido y almacenado, sino de una brecha entre lo que la industria puede fabricar y lo que el mercado demanda. La organización advierte que este desequilibrio presiona los precios, la rentabilidad y las decisiones de inversión. El texto del Marco de Milwaukee, publicado por el propio foro, concreta varias líneas de trabajo: reducir los subsidios que contribuyen a mantener capacidad económicamente inviable, fortalecer las investigaciones comerciales y mejorar la cooperación aduanera. También propone recopilar información sobre el país donde el acero fue producido inicialmente en estado líquido y convertido en su primera forma sólida. Esta trazabilidad permitiría identificar mejor su procedencia y detectar posibles maniobras para eludir medidas comerciales mediante operaciones en terceros países. El acuerdo no establece un arancel común ni impone automáticamente nuevas restricciones. La declaración ministerial señala que las acciones deberán desarrollarse dentro de los marcos jurídicos nacionales y respetar los compromisos internacionales. Su importancia está en la coordinación: los países buscan que sus decisiones se refuercen entre sí, en lugar de limitarse a trasladar el problema de un mercado a otro. Para Colombia, una posible implicación es el desvío de comercio: si grandes mercados restringen determinadas importaciones, parte de ese acero podría buscar destinos alternativos y aumentar la competencia para los productores nacionales. Al mismo tiempo, cambios en precios o abastecimiento podrían afectar a constructoras y fabricantes que utilizan acero. Son efectos potenciales, no consecuencias ya comprobadas del anuncio, y su alcance dependerá de las medidas finalmente adoptadas. El foro identifica precisamente el desplazamiento de exportaciones hacia otros mercados como un riesgo que requiere seguimiento. Para los exportadores colombianos de acero y productos que lo contienen, la iniciativa también anticipa posibles exigencias adicionales de documentación sobre proveedores y fabricación. No representa por sí misma una reducción ni un aumento de los aranceles aplicables a Colombia. Lo relevante será observar qué productos quedan comprendidos en las futuras decisiones y cómo se implementan los controles de trazabilidad. Los miembros del foro prevén evaluar anualmente las acciones y sus resultados. PIB de EE.UU. crece 2,2% en el segundo trimestre tras revisión al alza La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 2,2% en el segundo trimestre de 2026, según el tercer estimado publicado por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (Bureau of Economic Analysis, BEA). El dato representó una revisión al alza frente al cálculo previo de 1,5%, mientras que un consenso de economistas esperaba que la cifra se mantuviera sin cambios. La revisión reflejó un mayor aporte del gasto de los consumidores y de la inversión empresarial, en particular en sectores vinculados con infraestructura tecnológica e inteligencia artificial. El resultado mostró una actividad económica más fuerte de lo estimado inicialmente, después de que el crecimiento del primer trimestre también fuera revisado al alza, de 2,1% a 2,5%. El consumo de los hogares, que representa más de dos tercios de la economía estadounidense, creció a una tasa anualizada de 3,8% en el segundo trimestre. La cifra fue superior al 3,4% reportado anteriormente y marcó una aceleración frente al avance de 0,7% registrado entre enero y marzo.