Lo que la fallida ejecución de Christa Pike revela sobre la pena de muerte en Estados Unidos

Fuente de la imagen, Reuters/Getty Images/BBC Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee (Estados Unidos), fue trasladada a un hospital después de que fracasara un intento de ejecutarla mediante inyección letal. Su defensa dijo a la BBC que Pike, de 50 años, estaba recibiendo "medidas para salvarle la vida" en una clínica tras la administración de dos jeringas de pentobarbital. Desde entonces, siguen surgiendo detalles sobre qué fue exactamente lo que falló. Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven, Colleen Slemmer, de 19 años. Su ejecución fue objeto de una batalla legal librada hora tras hora el miércoles. Este fue el segundo procedimiento de ejecución fallido en Tennessee este año. En mayo, las autoridades aplazaron la inyección letal de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, después de que el personal no pudiera encontrar una vena para administrarle la dosis letal. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó su prohibición temporal de la pena de muerte, 1.683 personas han sido ejecutadas en ese país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Las mujeres representan apenas casi el 1 % de ese número, es decir, 18 han sido ejecutadas. La base de datos de DPIC muestra que 47 reos fueron ejecutados en 2025, el total anual más alto desde 2009 y un fuerte aumento con respecto a los 25 de 2024. Sin embargo, el apoyo de los estadounidenses a la pena de muerte se encuentra en su nivel más bajo en 50 años. Una reciente encuesta de la consultora Gallup reveló que el 52% de los entrevistados apoyaba esta práctica en 2025. La misma encuesta halló que el 44% se oponía, el nivel de oposición más alto registrado por Gallup desde mayo de 1966. Desde hace 50 años, los gobiernos de los estados de EE.UU. han utilizado cinco métodos principales para aplicar el castigo: La inyección letal sigue siendo, con diferencia, el método de ejecución más común, representando el 89 % del total de ejecuciones desde 1976. Según DPIC, todos los estados que actualmente llevan a cabo ejecuciones la utilizan, aunque muchos también permiten métodos alternativos. La horca no se ha utilizado en ningún estado desde 1996, cuando en Delaware ejecutó a Billy Bailey. En Nuevo Hampshire había mantenido este método como último recurso en caso de que la inyección letal resultara impracticable, pero el estado abolió la pena de muerte en 2019. Sin embargo, la derogación no se aplicó retroactivamente, por lo que un preso sigue condenado a muerte, aunque en tal estado no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1939. La pena capital sigue siendo legal en 27 estados de EE.UU., así como bajo la ley federal y la ley militar. Cuatro estados -California, Ohio, Oregón y Pensilvania- han suspendido las ejecuciones, y muchos otros donde la pena de muerte es legal no han llevado a cabo ejecuciones durante años. Solo en Florida se registraron 19 ejecuciones en 2025, lo que representa aproximadamente el 40% del total nacional. Históricamente, muchos estados utilizaban un protocolo de tres fármacos: Durante años, el tiopental sódico se utilizó ampliamente en inyecciones letales. Sin embargo, las compañías farmacéuticas se opusieron cada vez más al uso de sus medicamentos en ejecuciones. Los fabricantes dejaron de suministrar fármacos para ese fin, y las restricciones a la exportación europeas redujeron aún más su disponibilidad. Posteriormente, muchos estados optaron por un protocolo de pentobarbital como fármaco único, administrando una dosis elevada de este barbitúrico al preso para suprimir la actividad cerebral y la respiración. En aquel entonces, el fármaco estaba ampliamente disponible en Estados Unidos. En dosis menores, se utilizaba como sedante y para controlar las convulsiones, y también era de uso común entre los veterinarios para practicar la eutanasia a los animales. El gobierno federal también la ha utilizado como su único fármaco para las ejecuciones desde que adoptó un protocolo de un solo fármaco en 2019, a pesar de la escasez. Como consecuencia, muchos estados han recurrido a las farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos a medida y están sujetas a una regulación menos estricta que los fabricantes de fármacos. Varios estados también han promulgado leyes que protegen la identidad de los proveedores, por lo que a menudo se desconoce el origen de los medicamentos. A pesar de ello, un memorando de 48 páginas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado en abril, lo calificó como "el estándar de oro de los fármacos para la inyección letal". El DPIC afirma que la creciente dificultad para obtener legalmente los fármacos utilizados en las ejecuciones ha llevado a algunos estados a probar nuevos fármacos y combinaciones, lo que ha provocado ejecuciones prolongadas en las que los presos mostraron signos de dolor y sufrimiento. Añade que la escasez también ha incrementado los costos. En 2014, el gobernador de Oklahoma suspendió las ejecuciones tras una inyección letal fallida. En Luisiana no llevaron a cabo ninguna ejecución durante 15 años al no poder adquirir los fármacos necesarios. La suspensión se puso fin el 18 de marzo de 2025 con la ejecución de Jessie Hoffman Jr. mediante gas nitrógeno. El memorando del Departamento de Justicia de abril también ordenaba a las prisiones federales que ampliaran la gama de métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, asfixia con gas y electrocución. El departamento afirmó que la medida "fortalecería" la pena de muerte al "disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos sobrevivientes". El gobierno de Joe Biden (2021-2025) había impuesto una moratoria a la mayoría de las ejecuciones federales, y antes de dejar el cargo, el presidente concedió el indulto a 37 de los 40 presos condenados a muerte a nivel federal. El presidente Donald Trump, un defensor de la pena de muerte desde hace mucho tiempo, ordenó al Departamento de Justicia que reanudara la solicitud de ejecuciones el primer día que retomara el cargo en enero de 2025. La electrocución fue en su día un método de ejecución predominante, pero ahora es poco común. Nueve estados la autorizan. Carolina del Sur la ha convertido en su método predeterminado, mientras que los otros ocho estados la mantienen como opción o alternativa junto con la inyección letal como método predeterminado. Desde 1976, se han llevado a cabo 163 ejecuciones por electrocución, pero solo 19 desde el año 2000. La última tuvo lugar en Tennessee en 2020. Los pelotones de fusilamiento fueron considerados en su momento una reliquia del pasado. Sin embargo, Carolina del Sur reanudó las ejecuciones por fusilamiento en 2025. Idaho convirtió el fusilamiento en su método principal de ejecución en julio de 2026, tras las dificultades para obtener los fármacos para la inyección letal. Alabama se convirtió en el primer estado en llevar a cabo una ejecución mediante hipoxia por nitrógeno en 2024. Luisiana hizo lo mismo en marzo de 2025. El método consiste en privar al prisionero de oxígeno obligándolo a respirar nitrógeno puro. Quienes lo apoyan lo describen como una alternativa práctica a la inyección letal, mientras que otros argumentan que no ha sido suficientemente probado y plantea serias preocupaciones éticas. Fuente de la imagen, Tennesse Department of Corrections Los opositores a la pena de muerte argumentan que las dificultades para obtener los fármacos para la inyección letal, junto con una serie de ejecuciones problemáticas, han planteado dudas sobre si las ejecuciones pueden llevarse a cabo de forma humana. Las impugnaciones legales se han centrado con frecuencia en la preocupación de que algunos protocolos farmacológicos puedan causar dolor o sufrimiento innecesarios.