Las presuntas pruebas que tendría EE. UU. contra Ricardo Roa por movimientos financieros sospechosos | El Colombiano

El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa lleva varias investigaciones en su contra. Pero la última denuncia conocida habría sido clave para que Estados Unidos le quitara la visa la semana pasada. Según un documento revelado por Semana, esta habría sido presentada por la Organización Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, conocido por defender a víctimas de las Farc. En esa carta, fechada a principios de junio, y que estaría en poder del Departamento del Tesoro de EE. UU., se señala a Roa por varios presuntos hechos ilícitos. “Presento respetuosamente esta comunicación para poner en conocimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») información que puede ameritar revisión y análisis por parte de las autoridades competentes de los Estados Unidos en relación con sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, la corrupción transnacional, las redes financieras ilícitas y otras actividades que puedan amenazar la integridad del sistema financiero internacional”, dice la misiva, escrita originalmente en inglés. La OFAC es la oficina encargada de la lista con el mismo nombre, conocida coloquialmente como lista Clinton, en la que están el expresidente Gustavo Petro, la exprimera dama Verónica Alcocer y otras figuras del Gobierno anterior. Volviendo a la carta, esta dice que su propósito es “solicitar que la OFAC, junto con cualquier otra agencia federal apropiada, evalúe la información públicamente disponible, denuncias, informes, investigaciones y otros materiales relevantes relacionados con el señor Ricardo Roa Barragán”. También menciona a los individuos Alexis Castro, Alexi Nemecio Castro Morales, Daniel Santiago Peña Cuestas, César Henao Acevedo, Mateo Neira Loaiza, Carlos Julián Caicedo Cano, Joan Sebastián Caicedo Cano y Blanca Inés Durán Hernández. A su vez, figuran las empresas Bull Ingeniería S.A.S, Cetco S.A.S., Dacar Lawyers y Investments S.A.S. Finalmente, se refieren a “cualquier persona natural, entidad jurídica, asociados, intermediarios, beneficiarios finales, testaferros u otros individuos que puedan haber participado en estructuras financieras, comerciales, corporativas o de tenencia de activos vinculadas a él (Roa) y que puedan ameritar un escrutinio adicional”. La solicitud se basa, según dice la carta, en información que “puede justificar la iniciación o ampliación de indagaciones destinadas a determinar, entre otros asuntos”, si, uno, “se han utilizado estructuras o mecanismos de ocultamiento de activos para oscurecer la titularidad real (beneficiario final) o el control de los activos”; dos, “si se han utilizado terceros como testaferros, intermediarios o apoderados en relación con transacciones financieras o comerciales”. Cabe recordar que Ricardo Roa fue el presidente de Ecopetrol durante buena parte del gobierno Petro. Llegó al cargo en 2023 y durante ese tiempo fue gambeteando denuncias y cuestionamientos; al menos bajo la sombra del entonces jefe de Estado. El pasado 7 de septiembre, un mes después de la llegada del nuevo Gobierno, la Fiscalía lo llamó a juicio por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente de 2022. Según la investigación, como gerente de esa campaña, Roa habría dirigido y autorizado gastos que superaron los topes establecidos para las elecciones presidenciales. Para la primera, la Fiscalía estableció un presunto exceso de $1.388 millones, mientras que en la segunda habría identificado gastos adicionales por $276 millones por encima del tope permitido. Roa, además, está imputado por tráfico de influencias, relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Esto, debido a presuntas irregularidades vinculadas con la compra del inmueble y posibles beneficios posteriores para el empresario Juan Guillermo Mancera. Según la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares relacionados con Mancera. El ente acusador sostiene que, después de recibir condiciones favorables en la compra del apartamento, Roa habría utilizado su posición para presionar a directivos de Hocol con el propósito de favorecer a la empresa Gaxi ESP S.A.S., vinculada a Mancera, en un negocio energético relacionado con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena en el Caribe. El abogado de Roa ha dicho que este seguirá respondiendo ante las autoridades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.