Congresistas de Estados Unidos piden a Marco Rubio no apoyar la fumigación aérea en Colombia

Diez legisladores demócratas le pidieron al secretario de Estado que no financie el regreso de la aspersión aérea contra la coca. Quieren saber si el Gobierno de Donald Trump presionó a Colombia para retomarla. Diez congresistas demócratas de Estados Unidos le enviaron este 29 de octubre una carta al secretario de Estado, Marco Rubio. En ella le piden que su país no dé apoyo financiero ni logístico al regreso de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia y que prepara el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La carta la firman los representantes Mark Pocan, Jonathan L. Jackson, Jesús 'Chuy' García, Rashida Tlaib, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Sydney Kamlager-Dove, Delia C. Ramírez, James P. McGovern y Greg Casar. “Nos oponemos a cualquier apoyo financiero o logístico de Estados Unidos a la reanudación prevista de la fumigación aérea, que no ha demostrado ser eficaz para reducir los cultivos de coca y representa una amenaza significativa para la salud humana y para ecosistemas frágiles”, explicaron. El 18 de agosto, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la Resolución 007 de 2026. Esa norma autorizó un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. El mismo día, el Gobierno derogó la Resolución 006 de 2015, que mantenía suspendida la fumigación con glifosato. El piloto contempla hasta 1.000 hectáreas en nueve municipios de Putumayo. El glufosinato es un herbicida distinto del glifosato, la sustancia que se usó en Colombia hasta 2015. Los congresistas afirmaron en la carta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como más peligroso que el glifosato y que la Unión Europea prohibió su uso en 2018. El Gobierno sostiene lo contrario y en su defensa ante los jueces argumentó que no se le pueden aplicar automáticamente las reglas fijadas para el glifosato, porque es otra sustancia. Esas reglas vienen de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-236 de 2017 condicionó cualquier regreso de la fumigación. Entre las condiciones, según recordaron los congresistas, están las pruebas científicas de que no afecta la salud ni el ambiente, la consulta con las comunidades afectadas y su uso solo como último recurso. El piloto no ha arrancado. El 11 de septiembre, un juzgado de Puerto Asís lo suspendió de forma provisional al admitir una tutela. El 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó en primera instancia no ejecutarlo hasta que se cumplan los requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa. El Gobierno impugnó ese fallo. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que no ha emitido un concepto en salud sobre el piloto, aunque la Policía Antinarcóticos había dicho en el expediente que el INS consideraba innecesaria una evaluación adicional. Los congresistas citaron ese pleito y pidieron que Washington no intervenga: “La administración Trump debería abstenerse de presionar al Gobierno colombiano para que insista en una estrategia antinarcóticos fallida”. Los legisladores le dieron plazo a Rubio hasta el 13 de noviembre de 2026 para responder cuatro preguntas: Sobre ese último punto, en la carta aseguraron que antes de enero de 2025 USAID financiaba en la Amazonía colombiana proyectos de producción agroforestal, turismo verde y control de delitos ambientales para que los campesinos tuvieran alternativas a la coca. Según los firmantes, esos programas se eliminaron de golpe y no se han reemplazado. Además, la administración canceló 25 millones de dólares asignados a comunidades afrocolombianas e indígenas. "Dos décadas de fumigación aérea destinada a reducir los cultivos de coca no demostraron ser eficaces a largo plazo. Seguimos oponiéndonos a la asistencia financiera o logística de Estados Unidos para reanudar programas ineficaces de fumigación aérea, e instamos enérgicamente a la administración Trump a respetar las instituciones de Colombia y a permitir que los recursos judiciales avancen sin intervención", dijeron. Los firmantes cerraron la carta pidiéndole a la administración Trump que respete las instituciones colombianas y deje que los recursos judiciales avancen sin intervenir.