¿Ricardo Roa y algunos empresarios ocultaron $63.000 millones? Estados Unidos estudiaría pruebas | El Colombiano

Varias denuncias pesan sobre el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, pero la más reciente habría sido determinante para que Estados Unidos le retirara la visa la semana pasada. Se trata de un documento de Misión Colombia Transparente fechado el 7 de junio que sugiere una “triangulación” de unos 63.000 millones de pesos que involucraría a Roa, así como a empresas y otras personas. El representante legal de la fundación es el abogado Sergio Alzate, defensor de víctimas de las Farc y excandidato al Congreso por los partidos Mira y Colombia Justa Libres. La carta, radicada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, señala a Roa por presunto lavado de activos, entre otros hechos. En ella se pide que esa oficina, junto con cualquier otra agencia federal competente, “evalúe la información públicamente disponible, denuncias, informes, investigaciones y otros materiales relevantes” relacionados con el exdirectivo. La denuncia también apunta a su pareja, Carlos Julián Caicedo y a la exfuncionaria Blanca Inés Durán. Además, menciona a cuatro particulares: Alexi Nemecio Castro Morales, Daniel Santiago Peña, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza. Con ellos se habrían registrado altos movimientos de dinero en plena temporada electoral, incluidas transacciones de grandes montos en cuentas en el exterior. En esa presunta triangulación aparecen cuatro empresas: Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S., Dacar Lawyers e Investments S.A.S. Según la denuncia, estas sociedades habrían servido como canal para justificar y blanquear el dinero, y tanto las firmas como las personas señaladas podrían estar actuando como intermediarios, administradores, beneficiarios finales o testaferros. La solicitud se extiende a cualquier otra persona o sociedad que haya participado en estructuras financieras, comerciales o de tenencia de activos vinculadas a Roa. Lo que se pide a las autoridades estadounidenses es establecer, entre otros asuntos, si existen mecanismos para ocultar quién es el verdadero dueño o quién controla ciertos bienes, si se usaron terceros para administrarlos o disponer de ellos y si hubo lavado de activos. También se pide verificar si hay vínculos financieros con organizaciones criminales o con personas investigadas por actividades ilícitas. La Unidad Investigativa de El Tiempo habló con el representante legal de Bull Ingeniería S.A.S., que actualmente está en liquidación. Se trata de Carlos Alfonso Betancourth López quien negó conocer a Ricardo Roa y aseguró que es imposible que haya movido dinero suyo, pues sus cuentas están embargadas. También negó haber participado en la campaña Petro. Por su parte, Juan David León, abogado de Roa, afirmó que la solicitud se basa en un informe de la UIAF con montos “totalmente desfasados”. Cabe señalar que el CNE ya estableció que la campaña Petro Presidente 2022 superó los topes electorales, una de las irregularidades por las que Roa está imputado. En esta investigación, se indaga si los movimientos financieros se hicieron por fuera de la cuenta oficial de la campaña y a través de cuentas personales de Roa. Según el expediente, a estas habrían ingresado créditos por sumas elevadas que fueron pagados en poco tiempo, pese a que el entonces gerente no tendría capacidad económica para asumir esas deudas. El 7 de septiembre la Fiscalía lo llamó a juicio por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente de 2022, de la que fue gerente. Según el ente acusador, Roa habría autorizado gastos que superaron los topes electorales: en primera vuelta, por $1.388 millones, y en segunda, por otros $276 millones. Además, enfrenta otro proceso: fue imputado por tráfico de influencias relacionada con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá y los presuntos beneficios que habría recibido Juan Guillermo Mancera. Según la investigación, después de obtener condiciones favorables en la adquisición del inmueble, habría presionado a directivos de Hocol para beneficiar a Gaxi ESP S.A.S., empresa vinculada a Mancera, en un negocio energético relacionado con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, en el Caribe. La defensa de Roa ha señalado que continuará respondiendo ante las autoridades.