Estados Unidos en Colombia: ¿“intervención por invitación”? 


Hace unos días llegaron más de 300 militares estadounidenses a Colombia para un entrenamiento contra el narcotráfico, según titulares de varios medios. De acuerdo con la información oficial de la embajada de ese país, arribaron 350. ¿Cuál es su primera reacción a esta información? Que era un hecho previsible, según una de las promesas de campaña del entonces candidato De la Espriella relacionada con su concepción sobre el Plan Patriota 2.0. Si dicho plan retoma los preceptos del primer Plan Patriota, es presumible que haya una cooperación… Que era un hecho previsible, según una de las promesas de campaña del entonces candidato De la Espriella relacionada con su concepción sobre el Plan Patriota 2.0. Si dicho plan retoma los preceptos del primer Plan Patriota, es presumible que haya una cooperación mucho más estrecha con el gobierno de Estados Unidos, en materias de seguridad y defensa. Más aún cuando quien ocupa la Presidencia de ese país es una persona como Donald Trump, un político con intereses muy marcados y con tendencia a acudir a las vías de hecho. En el caso específico de los más de 300 militares de Estados Unidos que llegaron al país en desarrollo de la Misión Vanguardia del Sur, hay que decir que no es algo nuevo. Es un evento anual que se realiza entre Estados Unidos y determinados países de América Latina desde el año 2021, y cuya ejecución en Colombia ya se había hecho antes. Sin embargo, y debido a las condiciones actuales de ambos gobiernos, en esta ocasión ese ejercicio merece examinarse con mayor cuidado y precaución. Exactamente, ¿en qué consiste Misión Vanguardia del Sur (Southern Vanguard)? Es un marco de cooperación en seguridad de Estados Unidos, patrocinado por el Comando Sur en el hemisferio occidental, pero en particular, con cada uno de los países de Latinoamérica con los que ha llegado a ese acuerdo. Este año se realizan los ejercicios militares en Colombia con los componentes siguientes: lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, ciberataques y amenazas de sistemas aéreos no tripulados, o drones. Según usted, soldados de Estados Unidos ya habían venido a intercambiar experiencias militares a Colombia, en desarrollo de Vanguardia del Sur. ¿En cuál otra fecha ocurrió eso? Y, entonces, ¿por qué usted advierte que “por las condiciones actuales de ambos gobiernos, (ese ejercicio de cooperación) merece verse con el mayor cuidado y precaución”? ¿A qué se refiere? En primer lugar, la cantidad de 350 militares desplegados para este evento, es inédita para intercambios de este tipo; en 2022 llegó un grupo menor y con un campo limitado de acción. En segundo lugar, los componentes de cooperación que antes eran de inferior alcance, ahora se amplían de tal modo, que no solo se concentrarían en entrenamientos, como se han descrito oficialmente esas actividades, sino que podrían terminar abriéndoles la puerta a futuros ejercicios operacionales los cuales, de ejecutarse, sí comprometerían la soberanía nacional. En su misma línea de respuesta, ¿cómo interpreta la precisión que ha hecho el gobierno colombiano en el sentido de que los militares norteamericanos vienen a “entrenarse” en la lucha contra el narcotráfico? ¿Es creíble que el objetivo de esa numerosa visita armada sea especializarse en la persecución a los narcos? La razón por la cual el gobierno de Colombia ha sido tan cuidadoso en señalar que los 350 militares estadounidenses vienen a adelantar solo labores de entrenamiento, radica en que, si su objetivo no se limita a ese ejercicio, su presencia sería inconstitucional debido a que el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano debe ser expresamente autorizado por el Senado de República, según el artículo 173 de nuestra Carta Política. Como se sabe, el Gobierno no ha consultado a la cámara alta sobre ese tema. Reitero: aunque hace cuatro años se habían realizado ejercicios dentro de la misión Vanguardia del Sur, el aumento considerable de efectivos (prácticamente el doble) esta vez, y la extensión de los componentes operacionales, podrían llegar a abrir un frente de preocupación nacional por la falta de control de los otros poderes. Como usted bien lo recuerda, el numeral 4 del Artículo 173 de la Constitución, dice que es atribución exclusiva del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Pero, el gobierno actual no hizo esa consulta. ¿Qué sucedería si se establece que violó la Carta Política? La delgada línea que fija la diferencia entre lo legal y lo ilegal en ese tipo de misiones, tiene que ver con su carácter: si la misión tiene un sentido operacional u hostil con posición de mando de las tropas extranjeras sobre las locales; y si se desarrollan esas operaciones militares, la autorización del Senado es obligatoria e indispensable, cómo lo consagra el artículo constitucional 173. Si la misión se limita a una estadía de militares extranjeros por un tiempo corto, y sus funciones se restringen a labores de asesoría, capacitación o entrenamiento técnico, el Gobierno nacional tiene la facultad de autorizarla sin necesidad de pasar por el Legislativo, o de contar con un concepto del Consejo de Estado, tal y como la estipula el pronunciamiento de esta última corporación en 2020. Según el ministerio de Defensa ha dicho, “el entrenamiento (actual) fortalecerá la interoperabilidad entre ambos ejércitos mediante el intercambio de tácticas y procedimientos para combatir el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, las amenazas con sistemas aéreos no tripulados y la realización de evacuaciones…”. Con ese campo de acción tan amplio, los estadounidenses tienen gran facilidad de intervenir en combates, bombardeos, etc. ¿Está de acuerdo o no? Justamente esa es la pregunta clave y cuya respuesta debe causar la mayor preocupación. Lo atípico del ejercicio Vanguardia del Sur en esta ocasión, y como ya lo mencioné, es que se ha duplicado el número de personal militar estadounidense desplegado en territorio colombiano. Si este es un primer paso para multiplicar esfuerzos que involucran participación en hostilidades, como la guerra contra el narcotráfico o el combate a la minería ilegal, se estaría configurando el intervencionismo de una potencia extranjera con el consecuente atentado a nuestra soberanía. No parece que esta última opción sea descartable por las posiciones previas de la administración De la Espriella respecto del gobierno Trump. Si ese escenario se materializara, ¿cuáles acciones judiciales, en la legislación interna colombiana, podrían interponerse en contra del acuerdo lesivo para nuestra soberanía? Existen varias líneas de acción: el control político que ejerce el Congreso al Gobierno. Mediante este mecanismo, el Ejecutivo rinde cuentas sobre el alcance de sus decisiones. Por eso, precisamente, los ministros y otros altos funcionarios, en este caso, los de Defensa, podrían ser citados a debates para dar explicaciones, en un proceso que, incluso, puede terminar en moción de censura y separación del cargo. De otro lado, también están, como medio de control, las sentencias de la Corte Constitucional que delimitan los campos de decisión y actividad del Ejecutivo. Y, por último, existe la posibilidad de denunciar al jefe de Estado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por su presunta responsabilidad y permisividad en la ejecución de esos hechos. ¿Podríamos estar presenciando el inicio del despliegue, en terreno, de la estrategia del gobierno de Trump de copar espacios geográficos latinoamericanos para su dominio y aprovechamiento? Lastimosamente podría ser así.