Estados Unidos cambia las reglas para renovar permisos de trabajo y miles de inmigrantes podrían enfrentar interrupciones laborales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) formalizó el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para determinadas personas que solicitan renovar su autorización laboral. El cambio modifica las condiciones que permiten seguir trabajando mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) procesa una renovación y puede provocar interrupciones laborales cuando el documento vence antes de que llegue la aprobación. La regla definitiva fue publicada el 14 de octubre de 2026 y ratificó una disposición que ya estaba en aplicación desde 2025. La modificación no elimina la posibilidad de renovar el permiso ni cambia, por sí misma, las categorías migratorias que permiten solicitarlo. Sin embargo, sí modifica las garantías de continuidad laboral para quienes dependen de este documento. Antes de la modificación, determinados trabajadores podían mantener la autorización laboral durante un máximo de 540 días adicionales cuando presentaban a tiempo una solicitud de renovación. El beneficio estaba sujeto a condiciones: la solicitud debía llegar a USCIS antes del vencimiento del documento, corresponder a una categoría elegible y cumplir los demás requisitos establecidos en la regulación. La disposición interina del DHS, que entró en vigor el 30 de octubre de 2025, eliminó esa posibilidad para las renovaciones presentadas a partir de esa fecha. La regla definitiva de octubre de 2026 ratificó las modificaciones sin introducir cambios adicionales. La fecha que determina qué régimen corresponde aplicar es aquella en que USCIS recibió correctamente la renovación, no el día en que el solicitante comenzó a preparar el formulario o lo envió por correo. Para que una solicitud quede protegida por el régimen anterior, debía haber sido recibida por la agencia antes del 30 de octubre de 2025 y cumplir las condiciones de elegibilidad. Quienes presentaron sus renovaciones antes de ese límite pueden conservar la extensión de hasta 540 días, incluso cuando la fecha impresa en su tarjeta haya quedado atrás, siempre que satisfagan los requisitos correspondientes. En cambio, las solicitudes recibidas desde la fecha de aplicación de la nueva disposición ya no obtienen esa prolongación por el solo hecho de haber sido presentadas. La modificación no afecta indistintamente a todos los formularios I-765. Se aplica a las categorías de renovación que anteriormente podían acceder a la extensión automática prevista en la regulación. Tampoco impide que USCIS apruebe una solicitud ni modifica las condiciones particulares que cada categoría migratoria exige para obtener autorización laboral. Para quienes presentan una renovación bajo las nuevas condiciones, el aviso de recibo Formulario I-797C deja de servir como prueba de una extensión automática de la autorización laboral. Aunque confirma que USCIS recibió la solicitud, no permite utilizar una tarjeta vencida como si continuara vigente. Por eso, si una persona necesita un EAD para trabajar y su documento vence antes de que la agencia apruebe la renovación, debe interrumpir su actividad laboral mientras no cuente con una autorización vigente por otra vía. La situación es diferente cuando el trabajador tiene una base independiente que le permite trabajar, como ocurre con determinadas personas cuya autorización depende de su estatus migratorio y no exclusivamente de una tarjeta EAD vigente. El propio DHS incluyó un ejemplo para explicar cómo funciona el cambio. Un solicitante con un trámite de ajuste de estatus pendiente tenía un permiso de trabajo que vencía el 30 de mayo de 2026 y presentó la renovación el 4 de febrero de ese año. Como su solicitud quedó dentro del nuevo régimen, no recibió una extensión automática. Si USCIS no aprobaba el nuevo documento antes del vencimiento, no podía seguir trabajando desde el 31 de mayo, salvo que contara con otra autorización laboral independiente. La aprobación de la renovación permite recuperar la autorización durante el período de vigencia concedido en el nuevo documento. Sin embargo, la presentación del formulario y la espera de una respuesta no sustituyen esa aprobación. La eliminación de la prórroga automática no alcanza a las extensiones que se establecen directamente por ley o mediante avisos específicos publicados en el Registro Federal. Esta distinción es relevante para determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyos documentos pueden conservar su validez después de la fecha impresa en la tarjeta. La extensión depende de las condiciones establecidas para cada país y período de designación. Por eso, no todos los beneficiarios de TPS reciben automáticamente el mismo beneficio ni pueden asumir que un permiso vencido continúa vigente. USCIS explica que los empleadores deben consultar el aviso federal aplicable para comprobar la fecha hasta la que se extiende la autorización. En estos casos, la continuidad laboral no depende necesariamente de la extensión regulatoria eliminada en 2025, sino de la disposición específica que corresponda. La regla definitiva mantiene estas excepciones y no sustituye las condiciones particulares de cada programa migratorio. Los trabajadores deben verificar la vigencia de sus documentos según las disposiciones que se aplican a su situación. Los datos incluidos por el DHS muestran que los solicitantes de asilo con trámites pendientes y las personas que esperan una resolución de sus solicitudes de ajuste de estatus representan la mayoría de quienes presentan el Formulario I-765. Las categorías C08, correspondiente a solicitantes de asilo con casos pendientes, y C09, utilizada por personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes, concentraron aproximadamente el 80% de los formularios recibidos entre enero de 2025 y junio de 2026. Durante ese período, las solicitudes C08 descendieron de 240.060 en enero de 2025 a 32.472 en junio de 2026. En la categoría C09, los registros pasaron de aproximadamente 64.000 a 36.455 durante los mismos meses, según las estadísticas de USCIS incorporadas al documento federal. El DHS utilizó estos registros para evaluar el alcance potencial de la eliminación de las extensiones automáticas. Sin embargo, las cifras corresponden a solicitudes recibidas y no representan la cantidad de trabajadores que necesariamente perderán su autorización laboral. La agencia también advirtió que el volumen de renovaciones puede variar por cambios en la demanda, las políticas migratorias y la capacidad de procesamiento de USCIS. Por esa razón, los datos históricos no permiten determinar por sí solos cuántos permisos vencerán sin una renovación aprobada. El análisis económico de la regla definitiva proyecta que entre 19.900 y 33.000 personas con renovaciones de EAD pueden perder su autorización laboral temporalmente durante un período de 18 meses que comenzaría en mayo de 2027. El Departamento de Seguridad Nacional también calculó que el impacto podría alcanzar a entre 1.700 y 2.800 empleadores. La estimación contempla situaciones en las que los trabajadores no reciban a tiempo la aprobación de sus renovaciones y deban dejar temporalmente sus puestos. En términos económicos, el organismo calculó dos tipos de costos para las empresas. El primero corresponde a USD 312,1 millones por rotación de personal, relacionados con la búsqueda y contratación de trabajadores para reemplazar a quienes pierdan temporalmente su autorización. El segundo contempla USD 138,1 millones en pérdidas de productividad para empleadores que no puedan cubrir fácilmente las vacantes. El documento también considera posibles cambios en la distribución de los ingresos laborales y en la recaudación de impuestos, dependiendo de si las empresas consiguen reemplazar a los trabajadores afectados. Estas cantidades son estimaciones elaboradas por el DHS a partir de distintos escenarios, no resultados confirmados ni pérdidas que necesariamente se producirán.