Así operaron los militares de Estados Unidos en su primer operativo de allanamientos en Ecuador

Por primera vez, tropas del Comando Sur de Estados Unidos participaron directamente en allanamientos en Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las operaciones contra el crimen organizado, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg. El primer despliegue de este tipo ocurrió este jueves, 24 de septiembre, cuando 50 militares estadounidenses, agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y una fiscal de ese país participaron en un operativo que incluyó el allanamiento de dos viviendas ubicadas en la vía a Samborondón. “Ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras”, afirma Noboa tras operativo con tropas de EE. UU. La intervención permitió desarticular una presunta estructura narcodelictiva vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conformada por al menos 39 personas detenidas en Guayas, El Oro y Los Ríos. La investigación que finalmente permitió ejecutar este golpe tomó ocho meses, un periodo durante el cual la inteligencia militar estadounidense tuvo un papel importante en la recopilación de información sobre la presunta estructura narcodelictiva. El operativo se ejecutó durante la madrugada. Un convoy integrado por policías ecuatorianos y militares estadounidenses recorrió la vía a Samborondón hasta llegar a los puntos identificados como objetivos de la intervención. Los uniformados estadounidenses trabajaron de manera conjunta con agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía Nacional, una de las unidades especializadas en operaciones contra el narcotráfico. Los integrantes del Comando Sur que participaron en el despliegue vestían uniformes camuflados, con los colores característicos del verde militar. Sin embargo, además del armamento y los equipos habituales, su indumentaria incorporaba tecnología destinada a apoyar el operativo. Al llegar a una de las viviendas allanadas, ubicada en Puerto Mocolí, en Samborondón, dos militares norteamericanos ingresaron al inmueble junto con una fiscal de ese país y su equipo de seguridad. Su objetivo era identificar y verificar el blanco de la operación. Mientras tanto, agentes del GEMA permanecieron en el lugar para resguardar y acompañar la intervención. El ministro Reimberg también ingresó a la vivienda para supervisar el procedimiento. Dentro del inmueble, las autoridades estadounidenses participaron en la recopilación y la revisión de indicios, entre ellos teléfonos celulares y computadoras. Reimberg explicó que, sin la asistencia tecnológica estadounidense, el análisis de la información contenida en esos dispositivos habría tomado al menos un mes o incluso más. Esto se debe a que, de manera habitual, este tipo de indicios debe ser trasladado a Criminalística y, posteriormente, se requiere una orden judicial para acceder a la información almacenada. En este operativo, en cambio, los agentes estadounidenses contaban con tecnología que permitía conectar un dispositivo con otro y transferir la información necesaria para las pericias. De esta manera, un procedimiento que podía tomar semanas se redujo a minutos. Una vez concluida esta parte de la intervención, fueron los agentes del GEMA quienes sacaron al detenido de la vivienda y lo escoltaron a un vehículo para trasladarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. El despliegue también permitió observar parte del equipamiento tecnológico utilizado por las tropas estadounidenses. Además de los dispositivos empleados para la recopilación de información, los militares contaban con sistemas destinados a proteger al personal durante la intervención. Sus uniformes tenían incorporados sistemas inhibidores para prevenir posibles ataques con drones. Uno de los vehículos utilizados durante el operativo también llevaba un equipo de mayor alcance para bloquear estas señales. El dispositivo instalado en la camioneta podía distinguirse por dos antenas colocadas de forma paralela en la parte posterior del vehículo. Junto a este equipo permanecían dos agentes encargados de custodiarlo. Los efectivos del Comando Sur también tenían cascos equipados con visores nocturnos, que les permitían mejorar la visión en condiciones de poca luz durante el ingreso a los inmuebles. Los cascos tenían incorporados audífonos y micrófonos, con los que los agentes podían mantener comunicación constante durante el operativo. De esta manera, quienes ingresaban a las viviendas podían coordinar en tiempo real con los uniformados que permanecían en el exterior, sin necesidad de apartar las manos de sus armas para comunicarse. A este equipamiento se sumaban armamento y mochilas cargadas con distintos dispositivos, que completaban la indumentaria. Durante el despliegue, además, los representantes estadounidenses solicitaron a los medios de comunicación que evitaran grabarlos de frente. La razón, explicaron, era que en los chalecos que portaban tenían placas con códigos de identificación, que permitían reconocer a cada uno de los integrantes del equipo. Según Reimberg, los integrantes de esta organización se dedicaban al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia. La estructura, mediante diferentes roles, se encargaba de la contaminación de contenedores con droga, que posteriormente eran enviados a Estados Unidos. La sustancia era trasladada por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Funcionarios del Ministerio del Interior señalaron que, durante este año, se habría generado una afectación de $ 322 millones a la estructura, considerando todos los cargamentos de droga que fueron decomisados. En el despliegue participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional y se ejecutaron allanamientos en varias provincias. Entre los principales resultados, en Puerto Mocolí fue detenido el presunto cabecilla de la organización, mientras que en Riberas del Batán fue capturado el presunto financista de la estructura. Desde el 2 de marzo de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador ejecutaría operaciones conjuntas con aliados de la región, entre ellos Estados Unidos, la cooperación se había limitado a entrenamientos, simulaciones y operaciones apoyadas en inteligencia militar. (I)