¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella? | El Colombiano
La revocatoria de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres podría ser apenas el primer capítulo de sanciones de Estados Unidos a personas posiblemente vinculadas en hechos de corrupción. O al menos así lo propuso el presidente Abelardo de la Espriella.
Tras celebrar la decisión de Washington, el mandatario puso sobre la mesa otra herramienta de mayor alcance: las sanciones de la Ofac, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; es decir, la inclusión en la llamada “Lista Clinton”.
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“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, escribió el mandatario.
La propuesta abre una pregunta: ¿puede Estados Unidos utilizar las sanciones de Ofac contra personas señaladas de corrupción?
La respuesta corta es sí. De acuerdo con el abogado Fabio Humar, esto sería “perfectamente factible”.
Y es que si bien históricamente la Ofac ha estado designada para temas de narcotráfico, “también podría incluir otro tipo de eventos ilegales, como corrupción”, indica.
La Ofac realmente administra distintos programas de sanciones y varias listas. Una de las principales es la de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN), que puede incluir individuos y empresas.
Cuando una persona es incluida en la SDN List, los bienes y derechos sobre bienes que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con quienes están incluidos en esa lista.
Eso puede tener consecuencias que van mucho más allá del bloqueo en ese país. Por ejemplo, una designación puede afectar cuentas, inversiones, empresas y operaciones financieras incluso en otras partes.
De hecho, puede generar un efecto de aislamiento financiero: entidades, por sus propias políticas de cumplimiento, pueden decidir no hacer negocios con una persona en esa lista.
Es el caso del expresidente Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de la Ofac junto con la exprimera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su último ministro del Interior, Armando Benedetti.
Por eso, la propuesta de De la Espriella supondría un salto frente a la revocatoria de una visa, que termina siendo apenas una decisión migratoria.
Una condena penal no es un requisito general para que Ofac designe a una persona. Usualmente, el país norteamericano incluye allí a quienes considera que podrían estar involucrados en narcotráfico o lavado de dinero, actividades que afecten la economía de EE. UU.; y es más una herramienta para evitar que ingrese dinero de fuentes ilícitas.
Un ejemplo sobre un caso relacionado con corrupción sería el del expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes.
En enero de 2023, Ofac sancionó a Cartes por participar en actos de corrupción antes, durante y después de su presidencia de Paraguay, entre 2013 y 2018.
La decisión estadounidense incluyó señalamientos sobre sobornos a legisladores y funcionarios y mecanismos para mantener influencia política. Cartes negó las acusaciones.
El caso mostraría que la corrupción puede ser una base para una designación Ofac; aunque a Cartes también se le relacionó después con supuestos casos de lavado de activos. Permaneció casi tres años en la lista: fue retirado el 6 de octubre de 2025.
Cabe señalar que estar en esa lista no equivale a un proceso judicial y tampoco significa que la persona permanecerá allí de manera indefinida.
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Es una herramienta que Estados Unidos puede utilizar. Lo que pasa es que el gobierno colombiano no tendría injerencia en ese sentido, pues la decisión corresponde a las autoridades estadounidenses y depende del programa de sanciones aplicable, la información disponible y los criterios que sustentan la designación.
Sin embargo, el penalista Francisco Bernate explicó a este medio que “normalmente, la cancelación de la visa es la antesala a una inclusión en la lista Ofac, con los criterios que hoy se definen en los Estados Unidos”.
Uno de esos criterios, en efecto, sería cuando hay sospechas de corrupción.
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La abogada y columnista Cristina Carrizosa considera que tanto la revocatoria de visas como una eventual inclusión en OFAC pueden convertirse en herramientas de presión.
“Es imposible negar que el retiro de la visa estadounidense y la inclusión en la lista OFAC a los corruptos es una poderosa arma en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Carrizosa.
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