La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, pero sin la reforma rural

Los 15 países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han renovado este viernes un año más, hasta octubre de 2027, el mandato de la Misión de Verificación de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Por unanimidad, han aprobado la ponencia que enfoca sus labores en la reincorporación de los firmantes de paz y excluye la reforma rural integral, otro de los puntos neurálgicos del acuerdo de 2016. Se trata de una reducción de sus labores que había solicitado el Gobierno de Abelardo de la Espriella. “Diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible”, subrayó la delegación del Reino Unido, la encargada de la ponencia, sobre el histórico pacto sellado a finales de 2016 entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), merecedor del premio Nobel de la Paz por esa difícil negociación. La Misión de Verificación, hoy en cabeza del eslovaco Miroslav Jenča, tendrá ahora competencias únicamente en la desmovilización y reintegración de excombatientes. Aunque la reforma rural es uno de los compromisos centrales del acuerdo, fue el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro (2018-2022), en las antípodas ideológicas de De la Espriella, el que pidió que la Misión incorporara de manera explícita el seguimiento a ese punto. El año pasado, ante la posibilidad de un veto de los Estados Unidos de Donald Trump, el Consejo de Seguridad ya le había quitado a la Misión de Verificación la tarea de monitorear las sanciones del sistema de justicia transicional, la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, además de la supervisión del capítulo étnico del acuerdo. De la Espriella, muy crítico del multilateralismo, se alinea sin restricciones con Trump en su política exterior. El ultraderechista se posesionó el pasado 7 de agosto con la promesa de mano dura en seguridad y ha cerrado la puerta a cualquier intento de diálogos de paz o salidas negociadas con los grupos armados que todavía operan en Colombia. También amenaza con una asfixia presupuestal a varias de las instituciones surgidas del acuerdo con las FARC, y en especial a la JEP, que acaba de sufrir un enorme recorte que pone en riesgo su funcionamiento. La hostilidad frente al acuerdo de paz ha sido notoria. De la Espriella también designó a la política evangélica Viviane Morales como su consejera comisionada de paz y como directora encargada de la Unidad de Implementación, una de las oficinas que el mandatario ha prometido eliminar. “La nueva consejera comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos”, aseguró en su día la Presidencia, que suele referirse a lo pactado como “falsa paz”. También le encomendaba “desmontar estructuras burocráticas innecesarias”, y aseguraba que “la falsa paz no será una política permanente de Estado”. Los ajustes a la Misión de Verificación aprobados este viernes son los que había pedido el canciller colombiano, Omar Bula, en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad, en Nueva York, el pasado 12 de octubre. “La implementación del acuerdo final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes”, aseguró entonces el ministro de Exteriores. Sin embargo, agregó que “el cumplimiento de estas obligaciones requiere también una revisión periódica de los instrumentos y mecanismos institucionales que permiten llevarlas a la práctica”, y que corresponde a cada gobierno “proponer los ajustes que considere necesarios”. Colombia planteó en aquella sesión focalizar el mandato de la Misión de Verificación en la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las FARC hacia la vida civil, como al final ha ocurrido. La reforma rural integral, de acuerdo con la visión del nuevo Gobierno, “tiene una naturaleza distinta” y “constituye una política pública estructural, multisectorial, y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”. El conflicto armado de más de medio siglo que Colombia busca dejar atrás con la implementación plena del acuerdo de paz de 2016, que permitió el desarme de unos 13.000 guerrilleros, ha dado paso a una violencia mucho más fragmentada. De la Espriella recibió un país con casi 29.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, de acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).